Washington– El senador estadounidense John Cornyn (R-TX) publicó la siguiente declaración después de que su proyecto de ley bipartidista con la senador Kamala Harris (D-CA),la Ley de Personas Desaparecidas y Restos No Identificados, que ayudará a las jurisdicciones locales a mejorar el registro y la denuncia de personas desaparecidas y restos no identificados encontrados a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, pasó el Senado:
“Nuestras comunidades fronterizas de Texas están al límite teniendo que identificar y procesar los restos de aquellos que murieron tratando de cruzar nuestra frontera sur”, dijo el senador Cornyn. “Esta legislación bipartidista restaurará cierta medida de dignidad a aquellos que murieron en busca de una vida mejor, proporcionará el cierre a sus familias y proporcionará recursos para las comunidades fronterizas que trabajan para identificar estos restos. Espero que pronto se convierta en ley”.
La Ley de Personas Desaparecidas y Restos no Identificados:
- Amplía la elegibilidad para solicitar ciertas subvencionesa gobiernos estatales y locales, laboratorios forenses CODIS acreditados financiados por el gobierno y examinadores médicos para la entrada de datos en el Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS) del FBI o en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamUS)
- Autoriza el uso de fondos de subvención para cubrir los costos:
o Del transporte, procesamiento, identificación y reporte de personas desaparecidas y restos no identificados
o De contratar a analistas y técnicos de casos de ADN adicionales, examinadores de huellas dactilares, odontólogos forenses y antropólogos que necesitaran apoyar los esfuerzos de identificación
o Adquirir equipos forenses y de tipificación de ADN de última generación y equipos analíticos
- Agrega protección de privacidad para muestras de referencia de familia biológica cargadas en CODIS(Sistema de Índice de ADN Combinado) al impedir la divulgación de dicha información a las agencias del orden federales o estatales para fines de aplicación de la ley
- Amplía la autoridad legal del CBP para comprar y desplegar hasta 170 estaciones repetidoras celulares de rescate 9-1-1, con energía propia para mitigar las muertes de migrantes en la frontera sur
- Requiere informar al Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) y al Sistema Nacional de Personas No Identificadas y Desaparecidas (NamUS)sobre personas desaparecidas y personas fallecidas encontradas en la jurisdicción de cada solicitante
- Agrega requerimientos de reporte para el programa NamUS con respecto al número de casos de personas no identificadas, casos de antropología, casos sospechosos de cruzar la frontera y asociaciones hechas
- Añade requisitos de notificación para el CBP y la GAO sobre restos no identificados y el uso de balizas de rescate
Este proyecto de ley está respaldado por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la Orden Fraternal de Policía, la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur, la Asociación de Derechos de Propiedad de los Texanos del Sur, la Coalición Fronteriza de Texas, la Asociación Nacional de Justicia Criminal y el Consorcio de Organizaciones de Ciencias Forenses (Incluyendo la Academia Americana de Ciencias Forenses, la Academia Americana de Psiquiatría y la Ley, la Sociedad Americana de Directores de Laboratorio Crítico, la Asociación Internacional para la Identificación, la Asociación Nacional de Examinadores Médicos, la Sociedad de Toxicólogos Forenses y la Junta Americana de Toxicología Forense), el Foro Nacional de Inmigración, Liga Antidifamación, No Más Muertes/No Más Muertes, Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas, Centro para los Derechos de los Niños Inmigrantes, Oficina de Washington para América Latina, Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG), Servicio Mundial de Iglesias, Coalición del Sheriff Fronterizo de Texas, Coalición del Sheriff Fronterizo del Suroeste, La Asociación de Jefes de las Grandes Ciudades, la Asociación Internacional de Jefes de Policía, los Alguaciles de los Grandes Condados de América, la Asociación Nacional de Abogados de Distrito, la Asociación de Agencias Estatales de Investigación Criminal y el Centro Colibri de Derechos Humanos.