El proyecto de ley sigue al informe del Wall Street Journal sobre jueces que no cumplen los requisitos de divulgación de información financiera y evitan posibles recusaciones necesarias
WASHINGTON – Hoy la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la Ley de Ética y Transparencia Judicial, legislación de los senadores John Cornyn (R-TX) y Chris Coons (D-DE) para exigir la publicación en línea de informes de divulgación financiera para jueces federales y obligar a los jueces federales a presentar informes periódicos de transacciones para determinadas operaciones de valores.
“Los jueces federales fueron erróneamente excluidos de los requisitos de divulgación establecidos por la Ley STOCK, que ayuda a reforzar la confianza pública en nuestras instituciones”, comentó el senador Cornyn. “Aplaudo a mis colegas en la Cámara de Representantes por mover mi legislación, que ayudaría a prevenir conflictos de intereses y asegurar que los jueces federales estén sujetos al mismo nivel de transparencia que otros funcionarios”.
“Todo litigante merece tener confianza en que recibirá una audiencia imparcial con un juez imparcial cuando llegue su día en la corte”, indicó el senador Coons. “Felicito a la Cámara de Representantes por aprobar abrumadoramente esta legislación necesaria, y espero trabajar con mis colegas en el Senado para aprobar nuestro proyecto de ley y enviarlo al despacho del Presidente”.
Antecedentes:
La Ley de Ética y Transparencia Judicial requeriría que los informes de divulgación financiera de los jueces federales se pongan a disposición del público en línea y requeriría que los jueces federales presenten informes periódicos de transacciones de valores en línea con otros funcionarios federales bajo la Ley STOCK. El proyecto de ley, que fue presentado en el Senado en octubre pasado, modificaría la Ley de Ética en el Gobierno de 1978 para:
- Requerir a la oficina administrativa de los tribunales de los Estados Unidos para crear una base de datos en línea con capacidad de búsqueda de formularios de divulgación financiera judicial y publicar esos formularios dentro de los 90 días de haber sido presentados, y
- Someter a los jueces federales al requisito de la Ley STOCKde presentar informes periódicos de transacciones de valores superiores a $1.000 dentro de los 45 días siguientes a estas.
Es importante destacar que el proyecto de ley también preserva la capacidad existente de los jueces para solicitar la redacción de información personal en los informes de divulgación financiera debido a una preocupación de seguridad.
Bajo las directrices éticas actuales y la ley federal, los jueces federales tienen prohibido escuchar casos que involucren a una parte en la que ellos, su cónyuge o sus hijos menores de edad tengan un interés financiero. En cambio, se supone que los jueces federales deben declararse impedidos en cualquier procedimiento en el que pueda cuestionarse su imparcialidad. A pesar de esto, un informe reciente del Wall Street Journal encontró que entre 2010 y 2018, más de 130 jueces federales no se declararon impedidos en casi 700 casos en los que ellos o un familiar inmediato tenían acciones en una compañía involucrada en el caso.
Mientras que los jueces federales están obligados a presentar informes de divulgación financiera, la ley actual no proporciona suficiente transparencia o certeza para que los litigantes puedan discernir si el juez tiene un conflicto de intereses. El proceso actual para obtener formularios de divulgación financiera judicial puede ser engorroso y tomar meses o incluso años. Por el contrario, los informes de divulgación financiera para el Presidente, los Miembros del Congreso y los funcionarios nombrados por el Presidente y confirmados por el Senado están disponibles en línea.
Los litigantes necesitan acceso en tiempo real a las divulgaciones financieras y transacciones de valores de los jueces para preservar la integridad de los procedimientos y garantizar una declaración de impedimento cuando haya un posible conflicto de intereses en su caso. La Ley de Ética y Transparencia Judicial promulgaría las actualizaciones necesarias a las reglas de divulgación y proporcionaría a los litigantes y al público una mayor confianza en el sistema judicial.