WASHINGTON – El senador John Cornyn (republicano de Texas) hizo pública la siguiente declaración después de que el presidente Biden firmara la Ley de Derechos de las Familias de Víctimas de Homicidios, que obliga a los organismos federales a revisar los expedientes de asesinatos sin resolver y a aplicar las nuevas tecnologías en busca de posibles avances:

“Esta legislación contribuirá a garantizar que las fuerzas del orden federales revisen los expedientes de casos sin resolver, que en ocasiones datan de hace décadas, y apliquen las últimas tecnologías y normas de investigación”, declaró el Senador Cornyn. “Este proceso ayudará a aportar a las familias en duelo una resolución en medio de circunstancias trágicas, y estoy orgulloso del apoyo bipartidista a este proyecto de ley que ahora es ley”.

Los senadores Tom Cotton (R-AR), Chuck Grassley (R-IA), Dick Durbin (D-IL), Chris Coons (D-DE), Jon Ossoff (D-GA), Marsha Blackburn (R-TN), Sheldon Whitehouse (D-RI), y John Kennedy (R-LA) también copatrocinaron la legislación.

Antecedentes:

Hace más de 30 años, un cuádruple homicidio se cobró la vida de cuatro adolescentes en Austin (Texas) y, a día de hoy, el caso sigue sin resolverse. La Ley de Derechos de las Familias de Víctimas de Homicidios se inspiró en este caso y exigiría a los organismos federales que examinaran los casos sin resolver con nuevos ojos y aplicaran las tecnologías y normas de investigación más modernas.

El proyecto de ley también facultará a los familiares directos para solicitar la revisión de un caso sin resolver siempre que cumpla ciertos criterios básicos. Los organismos federales podrán determinar si han agotado todas las pistas posibles o si la solicitud de caso sin resolver no cumple las normas para su revisión, y los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley deberán presentar informes anuales al Congreso sobre lo que funciona y lo que no funciona con las revisiones de casos sin resolver.

El proyecto de ley cuenta con el apoyo de la National District Attorney Association, la Federal Law Enforcement Officers Association, la National Organization for Victim Assistance, el Murder Accountability Project, la National Coalition Against Domestic Violence y otros grupos de defensa de los derechos de las víctimas.