Senator Cornyn

Cornyn y Padilla presentan un proyecto de ley para garantizar el acceso de los veteranos a una educación de calidad

March 12, 2024

WASHINGTON – Los senadores John Cornyn (republicano de Texas) y Alex Padilla (demócrata de California) han presentado hoy la Ley Isakson-Roe de Ampliación de la Supervisión Educativa, que mejoraría la capacidad de supervisión del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) para garantizar que los veteranos puedan acceder a una educación de calidad en instituciones acreditadas:

Nuestros veteranos merecen poner sus beneficios de educación duramente ganados en títulos y certificaciones de instituciones dignas de confianza”, dijo el senador Cornyn. “Esta legislación ayudaría a la VA a erradicar el fraude entre las escuelas y asegurar que los veteranos tengan acceso a una educación de calidad”.

Los veteranos deberían poder acceder a los beneficios del GI Bill que tanto les ha costado ganar sin miedo a ser explotados”, dijo el senador Padilla. “Seguiré luchando para derribar las barreras que se interponen en el camino del acceso a la educación superior de calidad”.

Los representantes Morgan McGarvey (KY-03) y Mike Levin (CA-49) presentaron una legislación similar en la Cámara de Representantes.

Antecedentes:

A través de la Ley G.I., muchos veteranos obtienen prestaciones de educación para ayudar a pagar la universidad, la escuela de posgrado y la formación profesional en instituciones aprobadas por el VA. Sin embargo, dado el número de instituciones educativas, la VA no siempre tiene conocimiento de las que incurren en prácticas engañosas o han sido objeto de medidas punitivas por parte de una autoridad estatal o federal. Esto puede dar lugar a que los veteranos utilicen sus prestaciones en escuelas de mala reputación o en peligro de perder la acreditación.

Para ayudar a mitigar el fraude y garantizar que los veteranos utilicen sus prestaciones en centros acreditados, la Ley Isakson-Roe de Ampliación de la Supervisión Educativa exigiría que todas las instituciones aprobadas por el VA informen en un plazo de 30 días de cualquier acción adversa tomada contra ellas a las Agencias Estatales de Aprobación (SAA) y al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de Estados Unidos.