WASHINGTON – Los senadores estadounidenses John Cornyn (R-TX), Richard Blumenthal (D-CT), Marsha Blackburn (R-TN) y Sheldon Whitehouse (D-RI) y las representantes Harriet Hageman (WY-At-Large) y Lucy McBath (GA-07) Las representantes Harriet Hageman (WY-At-Large) y Lucy McBath (GA-07) han hecho públicas las siguientes declaraciones después de que se aprobara en la Cámara de Representantes y ahora se dirija al despacho del Presidente la Ley sobre la Eficacia de las Voces de las Víctimas Fuera y Dentro de los Tribunales (Victims’ VOICES), que garantizaría que los familiares, los tutores legales y las personas designadas por el tribunal que actúen en nombre de una víctima durante determinados procesos penales reciban de los acusados condenados una indemnización por los gastos en que incurran, como transporte, pérdida de ingresos y cuidado de los hijos:

“Los familiares de las víctimas de delitos violentos, incluidos los niños y los fallecidos, deben ser reembolsados por la carga financiera que asumen para conseguir justicia para sus seres queridos”, dijo el senador Cornyn. “Esta legislación resarciría a los representantes de las víctimas garantizándoles la restitución por parte de los delincuentes condenados, e insto al Presidente a que la convierta en ley sin demora”.

“Las víctimas y sus seres queridos se enfrentan a tremendas dificultades tras los crímenes violentos, y los costosos honorarios en los que se incurre mientras se busca justicia no hacen sino aumentar esta tensión”, dijo el Senador Blumenthal. “La Ley de Eficacia de las Voces de las Víctimas Fuera y Dentro de los Tribunales garantiza que quienes actúan en nombre de las víctimas reciban una indemnización justa y completa, aligerando la carga para las víctimas y sus familias y facilitando el pleno acceso a la justicia. Aplaudo la aprobación de esta ley en la Cámara e insto al Presidente Biden a que la convierta en ley rápidamente.”

“Según la ley federal, los condenados por determinados delitos están obligados a pagar una indemnización a sus víctimas, lo que les ayuda a cubrir gastos necesarios como la atención médica”, dijo el senador Blackburn. “Sin embargo, ése no es el caso de una persona que asume los derechos de una víctima menor de edad, fallecida o incapaz de actuar por sí misma. Se trata de una legislación importante para garantizar que todas las víctimas reciban la justicia que merecen.”

“El camino hacia la recuperación tras un delito violento puede ser costoso tanto para las víctimas como para los seres queridos que las mantienen”, dijo el senador Whitehouse. “Nuestra legislación bipartidista ampliaría la cobertura de la restitución para garantizar que las familias de las víctimas reciban apoyo económico mientras se responsabiliza a los autores y se busca justicia”.

“Según la ley federal actual, los condenados por un delito pueden ser obligados a pagar una restitución a su víctima, sin embargo, una persona que asuma los derechos de una víctima, como el marido, la esposa, la madre o el padre, puede no ser elegible para la restitución, incluso cuando desempeñe un papel necesario en el proceso legal”, dijo el diputado Hageman. “Este ha sido un problema demasiado común en los delitos de violencia y en las comunidades tribales, donde localizar y proteger a mujeres y niños desaparecidos y explotados es un gran reto. La ley bipartidista y bicameral Victims’ VOICES Act abordará por fin esta injusticia y reforzará la capacidad de atender a las víctimas al tiempo que se persigue eficazmente a los delincuentes.”

“La devastación y las dificultades tras un delito pueden repercutir en toda la red de apoyo de la víctima. Las familias pueden enfrentarse a importantes retos propios cuando ayudan a un ser querido a curarse de un suceso traumático”, dijo el diputado McBath. “Estoy orgulloso de que este importante proyecto de ley haya sido aprobado por ambas cámaras del Congreso. Estamos un paso más cerca de asegurar que un padre, tutor o persona designada por el tribunal tenga garantizada la elegibilidad para la restitución si debe asumir los derechos de la víctima a la que apoya.”

Antecedentes:

La Ley de Restitución Obligatoria a las Víctimas, promulgada en 1996, obliga a los acusados condenados por determinados delitos, incluidos los violentos, a pagar una restitución a sus víctimas. La restitución puede cubrir una serie de gastos, entre ellos los de transporte, pérdida de ingresos y cuidado de los hijos en los que se haya incurrido al participar en la investigación o el enjuiciamiento del delito, así como la atención y el tratamiento médicos y no médicos y los gastos asociados. En caso de que la víctima sea menor de edad, haya fallecido, esté incapacitada o no sea capaz de actuar en su propio nombre, un familiar, un tutor legal o una persona designada por el tribunal puede “asumir” los derechos de la víctima.

En muchas jurisdicciones, se ha impedido que las personas que actúan en nombre de una víctima reciban restitución por su propia pérdida de ingresos, transporte, cuidado de niños y otros gastos. Esto impone una dificultad significativa al representante de la víctima y una barrera a la reivindicación de los derechos de la víctima. La Ley de VOZ de las Víctimas modificaría la legislación vigente para aclarar que una persona que actúa en nombre de una víctima tiene derecho a recibir una indemnización por los gastos relacionados con su participación en la investigación o el procesamiento del delito, su asistencia a los procedimientos judiciales relacionados o su transporte para que la víctima reciba servicios médicos, terapéuticos, de rehabilitación o de otro tipo.

Esta legislación está respaldada por la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, Raven, la Alianza Nacional de la Infancia, la Asociación de Alguaciles de los Condados Mayores de América, la Red Nacional contra la Violación, el Maltrato y el Incesto (RAINN), la Asociación Nacional de Agentes de la Ley Nativos Americanos y la Organización Nacional para la Defensa de las Víctimas (NOVA).