WASHINGTON – EE.UU. El senador John Cornyn (republicano de Texas) y 29 de sus colegas del Partido Republicano del Senado han enviado hoy una carta al subdirector de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Marvin Richardson, instándole a alinear la agencia con las prioridades del presidente Trump en relación con la Segunda Enmienda, tal como se establecen en su reciente Orden Ejecutiva, y pidiéndole que identifique y anule las normativas ilegales sobre armas de fuego del ex presidente Biden, incluida la norma de “participación en el negocio”, la norma de los tirantes de pistola, la denominada norma de las “armas fantasma” y la política de “tolerancia cero”, en virtud de la cual la ATF ha revocado las licencias de los titulares de licencias federales de armas de fuego (FFL) por infracciones menores de contabilidad:

Escribieron: “El viernes 7 de febrero de 2025, el presidente Donald J. Trump tomó medidas decisivas para reafirmar los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses respetuosos de la ley al promulgar su Orden Ejecutiva de Protección de los Derechos de la Segunda Enmienda. Le instamos a alinear inmediatamente las normas y políticas de la ATF con el firme apoyo del Presidente a la Segunda Enmienda.”

“Bajo el mandato del ex presidente Joe Biden, la ATF adoptó numerosas políticas y normas que infringían las protecciones de la Segunda Enmienda de los estadounidenses. La Orden Ejecutiva del Presidente Trump ordena a la Fiscal General Pam Bondi que revise y desarrolle un plan de acción en relación con las normativas ilegales sobre armas de fuego del Presidente Biden. Le pedimos que trabaje con la Fiscal General para identificar y rescindir rápidamente estas políticas.”

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (R-SD), y los senadores Thom Tillis (R-NC), John Barrasso (R-WY), Cindy Hyde-Smith (R-MS), Shelley Moore Capito (R-WV), Jim Justice (R-WV), Jim Risch (R-ID), Cynthia Lummis (R-WY), Steve Daines (R-MT), Ted Cruz (R-TX), Kevin Cramer (R-ND), Mike Crapo (R-ID), James Lankford (R-OK), John Hoeven (R-ND), Roger Marshall (R-KS), Rick Scott (R-FL), Lindsey Graham (R-SC), Ted Budd (R-NC), Bill Hagerty (R-TN), Tim Sheehy (R-MT), Pete Ricketts (R-NE), Bill Cassidy (R-LA), Joni Ernst (R-IA), Marsha Blackburn (R-TN), Todd Young (R-IN), Markwayne Mullin (R-OK), Deb Fischer (R-NE), Jim Banks (R-IN) y Jerry Moran (R-KS) se unieron a la carta.

El texto completo de la carta está disponible aquí y más abajo.

20 de febrero de 2025

Marvin G. Richardson

Director Adjunto

Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos

Avenida Nueva York 99, NE

Washington, DC 20226

Estimado Director Adjunto Richardson:

Gracias por tu servicio al frente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) durante la transición presidencial. El viernes 7 de febrero de 2025, el Presidente Donald J. Trump tomó medidas decisivas para reafirmar los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses respetuosos de la ley al promulgar su Orden Ejecutiva de Protección de los Derechos de la Segunda Enmienda. Te instamos a que armonices inmediatamente las normas y políticas de la ATF con el firme apoyo del Presidente a la Segunda Enmienda.

Bajo el mandato del ex presidente Joe Biden, la ATF adoptó numerosas políticas y normas que infringían las protecciones de la Segunda Enmienda de los estadounidenses. La Orden Ejecutiva del Presidente Trump ordena a la Fiscal General Pam Bondi que revise y elabore un plan de acción en relación con las normativas ilegales sobre armas de fuego del Presidente Biden. Le pedimos que colabore con la Fiscal General para identificar y rescindir rápidamente estas políticas. En particular, llamamos su atención sobre las siguientes normativas y políticas contrarias a la Segunda Enmienda, que deben ser rescindidas de inmediato:

• Se trata de un intento inconstitucional de que la ATF haga todo lo posible por imponer comprobaciones universales de antecedentes a los estadounidenses respetuosos de la ley. Se ha ordenado a la ATF, al menos temporalmente, que no aplique la norma porque viola el texto de la Ley de Control de Armas.
• La norma sobre los tirantes de pistola, que reclasifica indebidamente las pistolas equipadas con tirantes estabilizadores como “rifles de cañón corto” (SBR), sometiéndolas así a estrictas regulaciones y graves sanciones penales en virtud de la Ley Nacional de Armas de Fuego y la Ley de Control de Armas. Nos preocupa el hecho de que la ATF haya promulgado esta norma después de haber determinado previamente que acoplar un soporte estabilizador a una pistola no convertía a ésta en un SBR. Esta norma amenaza con poner las abrazaderas estabilizadoras fuera del alcance de millones de propietarios de armas, incluidos los veteranos de combate discapacitados que dependen de ellas para poder disparar pistolas pesadas. Además, la norma convierte de la noche a la mañana a los estadounidenses respetuosos de la ley en delincuentes por haber comprado legalmente pistolas equipadas con tirantes estabilizadores. Varios tribunales ya han declarado que la norma es arbitraria y caprichosa en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo, y el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Texas ordenó su anulación. Agradecemos las recientes peticiones del Gobierno de mantener en suspenso las apelaciones de la ATF ante el 5º y el 11º Circuito en defensa de la norma y de aplazar los argumentos orales, y la ATF debería trabajar rápidamente para acceder a la anulación dado el litigio en curso.
• La denominada norma de las “armas fantasma“, que reprime a los aficionados respetuosos con la ley que ejercen su derecho, amparado por la Segunda Enmienda, a fabricar armas de fuego de forma privada, una antigua tradición que se remonta a la época colonial. La normativa está actualmente ante el Tribunal Supremo, pero la ATF debería actuar inmediatamente para rescindir esta norma.
• La política de “tolerancia cero”, en virtud de la cual la ATF ha revocado las licencias de los titulares de licencias federales de armas de fuego (FFL) por infracciones menores de la contabilidad. Esta política viola un precedente de décadas en las que la ATF ha trabajado con los FFL para resolver estas infracciones menores y no intencionadas y ha revocado las licencias de los FFL sólo en casos de infracciones graves y deliberadas que amenazan la seguridad pública. La ATF debe desarrollar un programa para restablecer las licencias federales de armas de fuego de aquellos FFL cuyas licencias hayan sido revocadas injustamente -o entregadas bajo coacción- cuando no hayan incurrido en una conducta deliberada (tal como se entendía antes del 23 de junio de 2021, cuando se anunció la política) y no representen una amenaza para la seguridad pública.

Además de anular sin demora estas normas y políticas, te instamos a que destruyas inmediatamente los cientos de millones de registros de transacciones de armas de fuego del formulario 4473 de la ATF y otros registros de titulares de licencias que tienen más de 20 años. Estos registros no tienen ningún valor policial en particular, pero contienen información sensible de millones de propietarios de armas respetuosos con la ley. Asimismo, la ATF debería volver a la política de permitir a las FFL que destruyan los Formularios 4473 en su poder que tengan más de 20 años, que la Administración Biden inició violando la prohibición federal del registro de armas. Poner fin a la política de conservar estos registros tan antiguos ahorrará dinero al contribuyente estadounidense y contrarrestará el cambio de norma inconstitucional de la ATF.

Además, te instamos a “seguir colaborando para mejorar el proceso de” solicitudes de la Ley Nacional de Armas de Fuego. El Congreso encargó recientemente a la ATF que realizara estas mejoras. Aunque los tiempos de espera de la NFA han mejorado significativamente, la ATF debe seguir “abordando los continuos retrasos en los tiempos de tramitación de las solicitudes” hasta que el arcaico proceso sea al menos tan eficiente como el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales. No hay ninguna razón para que el derecho a comprar un arma de fuego sufra tantos retrasos; un derecho retrasado es un derecho denegado.

Lo anterior no debe considerarse una relación completa de todas las acciones o políticas de las que la ATF puede ser considerada responsable en virtud de la Orden Ejecutiva del Presidente Trump, sino que representan lugares obvios y de alta prioridad para que la ATF inicie el cumplimiento.

Estamos deseando trabajar contigo durante la transición, mientras pones en práctica la agenda del presidente Trump y reorientas la ATF hacia la protección de los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses.

Atentamente,

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