Desde que el Presidente Biden tomó posesión de su cargo, más de 300.000 menores no acompañados han sido encontrados en la frontera y colocados con patrocinadores dentro de Estados Unidos.

Para que quede claro, estos niños no llegaron a Estados Unidos con sus padres. La triste realidad es que muchos llegan a Estados Unidos al “cuidado” de cárteles, contrabandistas de personas y coyotes. Los padres pagan miles de dólares a los contrabandistas para traer a sus hijos a Estados Unidos.

No me cabe duda de que cuando esos niños llegaron a Estados Unidos, pensaron que estarían a salvo. Estoy seguro de que esperaban vivir seguros y felices mientras se estudiaban sus solicitudes de inmigración, pero ahora sabemos que innumerables niños han vivido un nuevo infierno aquí mismo, en suelo estadounidense.

El New York Times publicó el primero de dos informes bomba que detallan la explotación y el tráfico laboral generalizados de niños migrantes aquí en Estados Unidos.

Se obliga a los niños a trabajar en plantas de envasado de carne, instalaciones de procesamiento de alimentos y trabajos de construcción. Se les trata como sirvientes mientras intentan pagar las deudas que tienen con sus traficantes.

Y no hay duda de que la Administración Biden es cómplice, después de leer la segunda revelación del New York Times.

Una vez que los niños no acompañados son detenidos y procesados en la frontera, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) se encarga de colocar a los niños con patrocinadores seguros. Según la política establecida desde hace tiempo, 30 días después la agencia hace un seguimiento por teléfono para asegurarse de que el niño está a salvo.

En ambos casos -la investigación previa a la colocación y el control de bienestar posterior a la colocación- la Administración Biden ha eludido completamente sus responsabilidades.

El HHS relajó los requisitos de investigación para sacar a los niños de los refugios lo antes posible, sin tener en cuenta los peligros que ello creaba, simplemente porque no les gustaban las críticas que estaban recibiendo como consecuencia del hacinamiento.

El New York Times ha documentado que al menos 85.000 de esos 300.000 niños ni siquiera pueden ser localizados después de 30 días.

El gobierno de Biden no puede decir dónde están esos niños, ni si se les alimenta, se les envía a la escuela, se abusa de ellos o se les hace trabajar hasta la extenuación. La Administración Biden no tiene ni idea.

En los dos últimos años, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha recibido innumerables advertencias de que los niños estaban en peligro.

Esas advertencias llegaron a través de su propia línea directa, de contratistas de la Administración y de decenas de empleados que dieron la voz de alarma.

Los altos cargos del HHS y de la Casa Blanca no sólo ignoraron las advertencias de los denunciantes, sino que trataron de silenciarlos. Altos funcionarios de la administración Biden tomaron represalias contra los empleados que sacaron a la luz este abuso masivo, y algunos llegaron a despedir a empleados que intentaron denunciar este abuso permitido por el gobierno.

Como resultado, innumerables niños han permanecido en situaciones peligrosas, sólo para que la Administración pudiera evitar un quebradero de cabeza de relaciones públicas.

La conclusión es la siguiente: El presidente Biden y los altos funcionarios de su administración sabían que se abusaba de los niños y se traficaba con ellos gracias a sus acciones, y no sólo no hicieron nada para impedirlo, sino que incluso trabajaron para que los niños dejaran de estar bajo el cuidado del gobierno y pasaran a ser víctimas de este abuso con mayor rapidez. La Administración Biden no se preocupa por estos niños y debe rendir cuentas.

La epidemia de fentanilo está matando a más de 70.000 personas al año en Estados Unidos, lo que la convierte en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años.

Sabemos que la epidemia de fentanilo no discrimina. Mata a viejos y jóvenes, ricos y pobres, tanto de las grandes ciudades como de los pueblos pequeños.

Y sabemos que la inmensa mayoría del fentanilo llega a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

Los precursores químicos se fabrican en China y se envían a México. Estos productos químicos son utilizados por los cárteles mexicanos de la droga para producir fentanilo en laboratorios secretos antes de que los cárteles trafiquen este fentanilo mortal a través de la frontera sur de Estados Unidos y lo distribuyan a comunidades de todo el país.

Entre octubre de 2022 y abril de 2023, Aduanas y Protección Fronteriza incautó más de 17.000 libras de fentanilo en la frontera sur. De hecho, de marzo de 2022 a marzo de 2023, CBP incautó suficiente fentanilo para matar a cada estadounidense 14 veces.

Desgraciadamente, sabemos que la CBP no es capaz de atrapar cada gramo de droga ilícita que cruza la frontera.

En los dos últimos años, la crisis fronteriza sin precedentes ha afectado a todas nuestras misiones en la frontera sur, incluso las que no tienen nada que ver con la migración.

Las fuerzas del orden han sido desplazadas de la primera línea para procesar y atender a los migrantes. En lugar de detener drogas peligrosas y delincuentes, muchos agentes se dedican ahora a empujar papel y cambiar pañales.

Nadie está más entusiasmado con la situación que los cárteles de la droga. Con menos agentes en primera línea, tienen un camino claro y fácil para introducir fentanilo, heroína, metanfetamina y otras drogas mortales en Estados Unidos.

Nuestras comunidades están siendo asoladas por la epidemia de sobredosis, y la administración Biden ha dado a los cárteles corredores claros y fáciles para traficar aún más veneno en Estados Unidos.

Cuando el Fiscal General Merrick Garland testificó ante el Comité Judicial del Senado a principios de este año, mencioné el papel que desempeñan los cárteles en la actual crisis fronteriza.

Le pregunté al Fiscal General si conocía la estrategia de los cárteles de inundar la frontera de migrantes con el fin de abrumar a las fuerzas del orden para poder transportar drogas ilícitas a través de la frontera.

Dijo claramente que sí, que era consciente.

Uno de los ejemplos más notables se produjo en 2021, cuando más de 15.000 migrantes llegaron a la frontera de Del Río (Texas), una localidad de apenas 35.000 habitantes.

Para decir lo obvio, el Sector de la Patrulla Fronteriza de Del Rio no tiene la capacidad de procesar y atender a tantas personas en un momento dado. El gran número de migrantes fue suficiente para desbordar incluso a uno de los sectores de la patrulla fronteriza mejor preparados y equipados.

En un intento de ayudar, la administración Biden trasladó agentes de los puestos de control del sector Del Río a la zona donde se estaba produciendo la oleada.

Resulta que todo esto formaba parte del plan del cártel.

Funcionarios de la Administración declararon posteriormente al personal del Congreso que esta oleada masiva de migrantes era un esfuerzo coordinado de los cárteles.

Los cárteles dirigían a los migrantes haitianos a un único lugar para que el personal de otras zonas se desplazara, despejando el camino para su corredor de comercio ilícito.

Cada día, Estados Unidos se la juega a carteles y organizaciones criminales cuyos negocios ilegales son tan lucrativos como diversos.

Pero la Patrulla Fronteriza no es la única afectada. De El Paso a Brownsville, estas ciudades y pueblos carecen de recursos para atender adecuadamente a cientos de migrantes. Algunos necesitan comida y cobijo, otros atención médica o transporte, pero el Presidente Biden no tiene ningún interés en ayudar a mantener a estos inmigrantes: esa es una carga que él pone directamente sobre los hombros de los trabajadores tejanos. Muchas veces estas oleadas de inmigrantes son casi tan grandes como la población entera de las comunidades a las que llegan, desbordando sus hospitales, abarrotando sus refugios y desbordándose por calles y parques.

Hablé con empresarios de la región de El Paso que me explicaron el impacto que la crisis fronteriza ha tenido en la economía local. Cuando El Paso se vio desbordado por una gran oleada de inmigrantes en abril de 2023, muchos negocios cerraron, mientras que otros que habían planeado abrir sus puertas, trayendo empleo y crecimiento a la región, miraron hacia otro lado. Todos ellos decidieron que, con la afluencia de inmigrantes que abrumaba a las fuerzas del orden y a los primeros intervinientes, era demasiado peligroso tener un negocio.

Esta crisis no es tan simple como infringir la ley de inmigración: supone una carga para los pueblos, las familias y los tejanos trabajadores que viven cerca de nuestra frontera sur. Se trata de un problema nacional, aunque el impacto más grave se centra en un pequeño grupo de estadounidenses comprometidos que simplemente esperan que la Administración Biden haga su trabajo.

Los tejanos sabemos muy bien que hay una crisis en nuestra frontera sur, y sabemos de quién es la culpa.

Migrantes de todo el mundo están apareciendo en nuestra frontera, y la administración Biden los está liberando en el país.

Los cárteles se aprovechan del caos que han creado para llevar el crimen y la violencia a nuestras comunidades. Contrabandean drogas mortales como el fentanilo en cantidades tan grandes que podrían matar a cada estadounidense más de 14 veces.

Pero, por desgracia, hay otra crisis creciente en nuestra frontera sur, y afecta directamente a los valientes hombres y mujeres de Aduanas y Protección Fronteriza, o CBP, que se han dedicado a hacer todo lo posible para mantenernos a salvo.

La Oficina del Inspector General de Seguridad Nacional publicó recientemente un informe que relataba la devastadora historia de los agentes de la Patrulla Fronteriza y los funcionarios de la CBP, sobrecargados de trabajo y abrumados.

Según el informe, la crisis fronteriza de Biden “ha tenido repercusiones negativas en la salud y la moral del personal encargado de hacer cumplir la ley, que ya se siente sobrecargado de trabajo e incapaz de desempeñar sus principales funciones policiales”.

Los hombres y mujeres que protegen nuestra frontera merecen algo mejor.