WASHINGTON – Los senadores estadounidenses John Cornyn (R-TX) y Angus King (I-ME) han hecho públicas las siguientes declaraciones tras la promulgación de la Ley de Directrices de Intervención en el Comportamiento (Behavioral Intervention Guidelines, BIG), una ley para ayudar a identificar la mejor manera de que los educadores apliquen programas de intervención en el comportamiento para identificar y abordar los primeros signos de posible violencia entre los estudiantes:

“Muchos incidentes violentos en las escuelas son evitables, pero es fundamental que los educadores estén formados para reconocer y responder a las señales que a menudo los preceden”, dijo el senador Cornyn. “Esta legislación ayudará a informar sobre el desarrollo de las mejores prácticas para las escuelas que implementan programas de intervención conductual que salvan vidas para proteger el bienestar de los estudiantes en las comunidades de todo el país, y me alegro de que ahora sea ley.”

“Los últimos años han puesto de manifiesto una verdadera deficiencia en el modo en que Estados Unidos aborda la salud mental, especialmente en el caso de nuestros niños y estudiantes, que han sufrido importantes trastornos en su educación y su vida social”, declaró la senadora King. “Es hora de una nueva forma de pensar que sea proactiva y no sólo reactiva. Los jóvenes estadounidenses merecen recibir ayuda antes de que un problema de salud mental se convierta en una crisis. La Ley BIG establece directrices para que las escuelas locales identifiquen a los estudiantes que necesitan apoyo y que pueden suponer un peligro para sí mismos o para los demás. También mejora las conexiones entre los estudiantes y los proveedores de atención de salud mental cercanos, para que cuando surja un problema de salud mental, nuestros hijos puedan recibir rápidamente la atención que necesitan. En conjunto, se trata de un paso importante y con sentido común para dar a los líderes locales las herramientas para mantener nuestras comunidades seguras y el futuro de nuestros hijos brillante. Agradezco la colaboración del senador Cornyn en esta legislación bipartidista y estoy profundamente agradecido de que hayamos podido convertirla en ley.”

Antecedentes:

La investigación del Centro Nacional de Evaluación de Amenazas reconoce que el 80% de los incidentes de violencia selectiva fueron precedidos de comportamientos preocupantes, como intimidación, aislamiento o declaraciones preocupantes. La Ley BIG ayudará a los centros escolares de todo el país a poner en marcha programas que salven vidas y garanticen la seguridad, la salud y el éxito de nuestros alumnos. En concreto, la Ley BIG exigiría al Secretario de Salud y Servicios Humanos que, en colaboración con el Secretario de Educación, elabore un informe para el Congreso sobre las mejores prácticas para:

• Establecer Equipos de Intervención en el Comportamiento (EIC), que son pequeños grupos de funcionarios escolares designados que se reúnen periódicamente para recopilar y revisar la información relativa a los miembros de la comunidad en situación de riesgo y desarrollar planes de intervención para ayudarles, dentro de las escuelas.
• Ayudar a poner en contacto a expertos que desarrollan y aplican programas de intervención conductual dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos y otras agencias federales. Esto, a su vez, crearía un bucle de retroalimentación de las mejores prácticas de intervención conductual.
• Proporcionar las mejores prácticas para que las escuelas establezcan BITs, formación para las escuelas en las mejores prácticas BIT, y asistencia técnica para los institutos de educación superior y las escuelas K-12 para ayudarles en la aplicación de las mejores prácticas.

La GRAN Ley cuenta con el apoyo de la National Association for Behavioral Intervention and Threat Assessment, la Association on Higher Education and Disability, la Association for Title IX Administrators, la National Association of School Psychologists, la National Association of Secondary School Principals, la School Superintendents Association, la National School Boards Association, International Law Enforcement Administrators, Sandy Hook Promise, la Higher Education Case Manager’s Association y la Jed Foundation.