WASHINGTON – Los senadores estadounidenses John Cornyn (R-TX) y Amy Klobuchar (D-MN) presentaron legislación ayer para reautorizar su Ley de Abolición de la Trata de Personas, que ha fortalecido los programas clave que apoyan a los sobrevivientes de la trata de personas y ha brindado recursos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desde que se convirtió en ley en 2018.
“Durante los últimos cuatro años, la Ley de Abolición de la Trata de Personas ha cambiado la vida de las personas que se han convertido en víctimas de este crimen atroz”, manifestó el senador Cornyn. “Espero volver a autorizar esta legislación crítica para que pueda continuar ayudando a las comunidades a erradicar el tráfico de personas en sus calles y brindarles a los sobrevivientes la asistencia que necesitan para reconstruir sus vidas”.
“Como exfiscal, he visto de primera mano los horrores de la trata de personas”, manifestó el senador Klobuchar. “Esta legislación bipartidista brindará a los fiscales y a las fuerzas del orden la capacitación y las herramientas que necesitan para combatir estos terribles crímenes, al tiempo que fortalecerá los programas críticos que ayudan a identificar y apoyar a los sobrevivientes y víctimas”.
Antecedentes:
La Ley de Abolición de la Trata de Personas se convirtió en ley en 2018, y esta reautorización extendería programas críticos hasta 2027 para ayudar a combatir la esclavitud moderna. Además, establece protecciones de confidencialidad para las víctimas, prioriza la aplicación de la seguridad cibernética, financia la investigación de prevención, crea un programa de asistencia a las víctimas dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), proporciona fondos a los estados que tratan y previenen la trata dentro de sus sistemas de acogida, autoriza la financiación en el Departamento de Salud y Servicios Humanos y en el DHS, y ordena que el FBI utilice equipos multidisciplinarios cuando entreviste a víctimas de abuso sexual y trata de niños.
Esta reautorización también extiende la vida del Fondo de Víctimas del Tráfico Doméstico del Departamento de Justicia, financiado a través de multas a traficantes de personas y depredadores sexuales condenados y a través de una asignación anual del Fondo de Centros Comunitarios de Salud. Volvería a autorizar los programas clave de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas que financian servicios de restauración para las víctimas y operaciones policiales contra la trata de personas.
Esta legislación está respaldada por la Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto (RAINN), Shared Hope International, Rights 4 Girls, Covenant House, Amirah, Human Rights for Kids, la Alianza Nacional de la Infancia, ECPAT-USA, el Centro Nacional contra la Explotación Sexual, la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito y Thistle Farms.