WASHINGTON – Los senadores estadounidenses John Cornyn (R-TX), Tom Cotton (R-AR) y Thom Tillis (R-NC) presentaron ayer la Ley de Compra de Armas de Servicio de las Fuerzas del Orden Público Federales, que permitiría a los actuales agentes de las fuerzas de seguridad federales comprar su arma de servicio retirada a valor de mercado en un esfuerzo por detener la pérdida de millones de dólares federales en armas destruidas:
“Las armas retiradas que usan agencias como la Patrulla Fronteriza y el Servicio Secreto deben destruirse una vez que llegan al final de su vida útil, una práctica que desperdicia millones de dólares”, manifestó el senador Cornyn. “Esta legislación permitiría que las agencias federales recuperen el valor de estas armas vendiéndolas a los agentes del orden público federales que las usan”.
“En lugar de destruir las armas retiradas, lo que desperdicia millones de dólares de los impuestos, los agentes del orden público deberían tener la opción de comprar estas armas de fuego. Los ingresos de las ventas ayudarían a reducir el costo de comprar nuevas armas y permitirían a los oficiales comprar armas de fuego a las que ya están acostumbrados”, manifestó el senador Cotton.
“Es importante que las fuerzas del orden estén equipadas con los recursos necesarios para su trabajo, incluidas las herramientas para promover la seguridad con las armas y prevenir la violencia armada”, manifestó el senador Tillis. “Esta legislación permitirá que las fuerzas del orden público compren pistolas retiradas para usar en la fuerza, pero también promoverá programas de capacitación y seguridad para la educación sobre la seguridad de las armas. Siempre trabajaré duro para nuestro valiente personal de las fuerzas del orden público”.
Los senadores Patrick Leahy (D-VT) y Catherine Cortez Masto (D-NV) también copatrocinaron la legislación.
Antecedentes:
La Ley Federal de Compra de Armas del Servicio de las fuerzas del orden público permite a los agentes federales de la ley comprar su arma retirada al valor justo de mercado dentro de los seis meses posteriores al final de su vida útil. La agencia debe realizar una verificación de antecedentes antes de la compra.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de la Asociación Federal de Agentes del Orden Público, la Asociación Nacional de Organizaciones Policiales, la Orden Fraternal de la Policía, Mujeres en la Aplicación de la Ley Federal y el Sindicato de Empleados del Tesoro Nacional.