WASHINGTON – Los senadores John Cornyn (republicano de Texas), Tom Cotton (republicano de Arizona) y Chuck Grassley (republicano de Indiana) han hecho públicas las siguientes declaraciones tras la aprobación en el Senado de la Ley de Derechos de las Familias de Víctimas de Homicidios, que obliga a los organismos federales a revisar los expedientes de asesinatos sin resolver y a aplicar las nuevas tecnologías en busca de posibles avances. Los senadores Dick Durbin (D-IL), Chris Coons (D-DE), Jon Ossoff (D-GA), Marsha Blackburn (R-TN), Sheldon Whitehouse (D-RI), y John Kennedy (R-LA) también copatrocinaron la legislación.

“Esta legislación ayudará a garantizar que las fuerzas del orden federales revisen los expedientes de casos sin resolver, que a veces tienen décadas de antigüedad, y apliquen las últimas tecnologías y normas de investigación”, declaró el Senador Cornyn. “Este proceso ayudará a las familias en duelo a encontrar una solución en medio de circunstancias trágicas, y espero que se convierta en ley”.

“Las familias deben tener derecho a solicitar la revisión de un caso sin resolver en el que una mejora en la ciencia forense pueda ayudar a resolver el crimen, aportando el tan merecido cierre a los familiares en duelo. Nuestro proyecto de ley faculta a las familias para hacer precisamente eso, y el Presidente Biden debería firmarlo inmediatamente”, dijo el senador Cotton.

“Las familias que han perdido a un ser querido a causa de un asesinato sin sentido merecen tener la oportunidad de que se haga justicia por el crimen cometido contra ellas. Este proyecto de ley amplía los derechos de las víctimas al tiempo que proporciona la transparencia necesaria en la reapertura de casos sin resolver”, dijo el senador Grassley.

Antecedentes:

La Ley de Derechos de las Familias de Víctimas de Homicidios exigiría a los organismos federales que examinaran los casos sin resolver con nuevos ojos y aplicaran las tecnologías y normas de investigación más modernas.

El proyecto de ley también facultaría a los familiares directos a solicitar la revisión de un caso sin resolver siempre que cumpla ciertos criterios básicos. Los organismos federales podrán determinar si han agotado todas las pistas posibles o si la solicitud de caso sin resolver no cumple las normas para su revisión, y los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley deberán presentar informes anuales al Congreso sobre lo que funciona y lo que no funciona con las revisiones de casos sin resolver.

El proyecto de ley cuenta con el apoyo de la National District Attorney Association, la Federal Law Enforcement Officers Association, la National Organization for Victim Assistance, el Murder Accountability Project, la National Coalition Against Domestic Violence y otros grupos de defensa de los derechos de las víctimas.