WASHINGTON – Los senadores John Cornyn (republicano de Texas) y Maggie Hassan (demócrata de Nueva Hampshire) han hecho públicas las siguientes declaraciones después de que su Ley de Revisión de los Contratos de Servicios Fronterizos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que exigiría al Subsecretario de Gestión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. la presentación de un informe de evaluación de los contratos de servicios prestados a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México y la aplicación de un plan para mejorar la contratación y prestación de dichos servicios, haya sido aprobada por el Senado y se dirija ahora a la mesa del Presidente:

“Como miembro fundador del Caucus DOGE del Senado, busco todas y cada una de las oportunidades de agilizar los procesos gubernamentales, también en nuestra frontera sur”, dijo el senador Cornyn. “Esta legislación identificaría nuevas formas de proteger mejor el dinero de los contribuyentes y apoyar a nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza, oficiales de la CBP y demás personal que trabaja incansablemente para salvaguardar a los tejanos.”

“Tenemos que seguir trabajando al otro lado del pasillo para reforzar la seguridad fronteriza”, dijo el Senador Hassan. “Esta legislación bipartidista es una forma adicional de cumplir mejor esa misión. Ayudará a garantizar que el Departamento de Seguridad Nacional y sus contratistas operan con la mayor eficacia posible en la frontera.”

Los Representantes Josh Brecheen (OK-02) y Mark Green (TN-07) lideraron una legislación paralela en la Cámara de Representantes.

Antecedentes:

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. ha denunciado anteriormente casos en los que el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. (CBP) no contrató a tiempo instalaciones adecuadas para detener a inmigrantes ilegales y prestar servicios médicos.

Esta legislación mitigaría casos similares a éstos al exigir al Subsecretario de Gestión del DHS que evalúe los contratos valorados en un mínimo de 50 millones de dólares por servicios prestados por personal contratista a lo largo de la frontera sur. También se exigiría al DHS que elaborara una estrategia y un plan de aplicación para mejorar la contratación y la prestación de servicios. Como parte del análisis, el DHS debe considerar el impacto de los contratos en la capacidad de los agentes de la Patrulla Fronteriza para llevar a cabo las responsabilidades de su misión principal.