WASHINGTON – Los senadores John Cornyn (republicano de Texas) y Gary Peters (demócrata de Michigan) han hecho públicas las siguientes declaraciones tras la aprobación en el Comité Judicial del Senado de la Ley de Autorización del Programa de Subvenciones del Proyecto “Barrios Seguros”, que reautorizaría un programa de aplicación de la ley a escala nacional que utiliza enfoques basados en pruebas y datos para reducir la delincuencia violenta:

“Se ha demostrado que el programa Project Safe Neighborhoods reduce la delincuencia violenta en las ciudades que participan en él, al centrar los esfuerzos de las fuerzas del orden en las redes de delincuencia organizada y los delincuentes reincidentes”, declaró el senador Cornyn. “Al fomentar la colaboración entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales para hacer frente a estas amenazas delictivas, podemos adoptar un enfoque más proactivo para proteger a nuestras comunidades de los delincuentes violentos.”

“El Proyecto Barrios Seguros ha sido eficaz y ha mejorado la colaboración entre las fuerzas del orden y los socios de la comunidad, reduciendo con éxito la violencia relacionada con las drogas, las armas y otros delitos violentos durante más de dos décadas”, declaró el Senador Peters. “Este importante programa utiliza estrategias probadas para hacer de nuestros barrios lugares más seguros para trabajar, vivir y formar una familia”.

Esta legislación está copatrocinada por los senadores Chuck Grassley (R-IA), Kyrsten Sinema (I-AZ), Thom Tillis (R-NC), Amy Klobuchar (D-MN), Ted Cruz (R-TX), Deb Fischer (R-NE), Chris Coons (D-DE) y Dianne Feinstein (D-CA).

Antecedentes:

El Proyecto Vecindarios Seguros es una asociación nacional entre fuerzas policiales y fiscales federales, estatales y locales que utiliza enfoques basados en pruebas y datos para reducir la delincuencia violenta. En el marco de este programa, los organismos encargados de la aplicación de la ley centran sus esfuerzos policiales en las redes de delincuencia organizada y los delincuentes reincidentes que impulsan los índices de delincuencia en una región determinada. El Proyecto Vecindarios Seguros también trabaja para fomentar la confianza y la colaboración entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven mediante actividades coordinadas de divulgación, concienciación pública, tácticas innovadoras e intervenciones en colaboración.

Desde su creación en 2001, el Proyecto Barrios Seguros ha sido utilizado con éxito tanto por administraciones demócratas como republicanas para reducir la delincuencia violenta en grandes ciudades y comunidades más pequeñas de todo el país. Según un estudio de la Universidad Estatal de Michigan financiado por el Departamento de Justicia en 2013, el Proyecto Barrios Seguros se asoció a un descenso del 13,1 % de los delitos violentos en las ciudades con un alto índice de participación en el programa. Esto incluyó reducciones de dos dígitos en el total de delitos y homicidios con armas de fuego en todas las ciudades examinadas por el estudio.

En concreto, la Ley de Autorización del Programa de Subvenciones para Proyectos de Barrios Seguros de 2023:

• Autoriza el Programa Proyecto Barrios Seguros para los años fiscales 2024-2028 con 50 millones de dólares, en consonancia con los niveles de créditos actuales.
• Exige que las entidades participantes creen y apliquen planes estratégicos para reducir los delitos violentos centrándose en las organizaciones delictivas y los individuos responsables del aumento de la violencia en una jurisdicción concreta.
• Da prioridad a la investigación y persecución de las personas que tienen un papel agravante o de liderazgo en una organización delictiva.
• Refuerza las iniciativas de intervención y prevención basadas en pruebas y datos, incluidos los proyectos de justicia juvenil, la divulgación a pie de calle, la mediación en conflictos, la prestación de servicios sociales y de tratamiento, y la mejora de las normas comunitarias contra la violencia.
• Reserva el 30% de la financiación a los grupos de trabajo regionales establecidos para hacer cumplir la ley.
• Permite destinar fondos al Programa Byrne de Innovación en Justicia Penal, a programas de base empírica para reducir los delitos con armas de fuego y la violencia de las bandas, a iniciativas comunitarias de prevención de la violencia y a programas de educación, prevención e intervención contra la violencia.
• Mejora la capacidad de las comunidades para responder a las sobredosis de opiáceos promoviendo la contratación y formación de agentes de la ley y analistas de datos para investigar e identificar rápidamente a los traficantes de drogas relacionados con las sobredosis.

Esta legislación cuenta con el respaldo de la Orden Fraternal de Policía, la Asociación Federal de Agentes del Orden, la Asociación Benévola de Sargentos, la Asociación Nacional de Organizaciones Policiales, la Asociación de Alguaciles de los Condados Principales de América, la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, la Asociación de Jefes de las Ciudades Principales, la Asociación de Agencias Estatales de Investigación Criminal y la Coalición Nacional de Asociaciones de Agentes de Estupefacientes.