WASHINGTON – El senador estadounidense John Cornyn (R-TX) emitió la siguiente declaración después de que el presidente Trump firmara su Ley de Reporte de Evidencia Forense de Asalto Sexual (SAFER). La Ley SAFER reautoriza, refuerza y amplía el programa de Informes Forenses sobre Agresiones Sexuales para ayudar a combatir el retraso nacional en los kits de violación.

“Las víctimas de agresiones sexuales no deberían tener que vivir con miedo mientras no se prueban pruebas que podrían llevar a sus agresores ante la justicia”, declaró el senador Cornyn. “Esta ley ayudará en los esfuerzos de nuestros organismos policiales estatales y locales para reducir el retraso de los kits de violación no probados para que los sobrevivientes puedan obtener la justicia y el cierre que merecen.”

La Ley SAFER fue presentada por los senadores Cornyn, Amy Klobuchar (D-MN), Dean Heller (R-NV) y Michael Bennet (D-CO). Senadores Ted Cruz (R-TX), Orrin Hatch (R-UT), Chris Coons (D-DE), Rob Portman (R-OH), Catherine Cortez Masto (D-NV), Richard Blumenthal (D-CT), Dick Durbin (D-IL), Dianne Feinstein (D-CA), John Kennedy (R-LA), Thom Tillis (R-NC), Roy Blunt (R-MO), Maggie Hassan (D-NH), y el Presidente Chuck Grassley (R-IA) fueron copatrocinadores de la legislación. La Ley SAFER también garantiza que las enfermeras forenses pediátricas puedan recibir formación, lo que responde a la necesidad de enfermeras forenses pediátricas para atender a los niños que sufren abusos. Un resumen de una página del proyecto de ley está disponible aquí.

Antecedentes:

Sens. Cornyn y Bennet fueron los autores de la Sexual Assault Forensic Reporting Act, una ley de 2013 por la que se creó el programa SAFER, que ha ayudado a las fuerzas del orden a reducir los retrasos en los kits de violación a través de los fondos existentes en el marco de la Ley Debbie Smith. La legislación aumentaba en un 35% la cuantía de estos fondos destinados a kits no probados y permitía destinar entre un 5% y un 7% a auditorías del programa SAFER. Ayuda a los organismos policiales estatales y locales a hacer frente a los retrasos tanto en los laboratorios como en los almacenes, proporcionando financiación para realizar auditorías de un año de las pruebas de agresión sexual no analizadas, lo que ha descubierto decenas de miles de kits de violación sin analizar en estanterías y laboratorios de todo el país.