AUSTIN – Los senadores John Cornyn (republicano de Texas) y Alex Padilla (demócrata de California) han hecho públicas las siguientes declaraciones después de que su Ley Isakson-Roe de Ampliación de la Supervisión Educativa, que mejoraría la capacidad de supervisión del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) para garantizar que los veteranos puedan acceder a una educación de calidad en instituciones acreditadas, se convirtiera en ley como parte de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional:

“Nuestros veteranos merecen destinar las prestaciones educativas que tanto les ha costado conseguir a títulos y certificaciones de instituciones dignas de confianza” , dijo el senador Cornyn.“Esta ley ayudará a la VA a erradicar el fraude entre las escuelas y a garantizar que los veteranos tengan acceso a una educación de calidad”.

“Los veteranos deben tener acceso a sus beneficios del GI Bill, ganados con tanto esfuerzo, sin temor a ser explotados”, dijo el Senador Padilla. “Que esta legislación bipartidista se convierta en ley es un paso importante hacia esa misión, y seguiré luchando para derribar las barreras que impiden el acceso a una educación superior de calidad”.

Los Representantes Morgan McGarvey (KY-03) y Mike Levin (CA-49) lideraron una legislación paralela en la Cámara de Representantes.

Antecedentes:

A través de la Ley G.I., muchos veteranos obtienen prestaciones de educación para ayudar a pagar la universidad, la escuela de posgrado y la formación profesional en instituciones aprobadas por el VA. Sin embargo, dado el número de instituciones educativas, la VA no siempre tiene conocimiento de las que incurren en prácticas engañosas o han sido objeto de medidas punitivas por parte de una autoridad estatal o federal. Esto puede dar lugar a que los veteranos utilicen sus prestaciones en escuelas de mala reputación o en peligro de perder la acreditación.

Para ayudar a mitigar el fraude y garantizar que los veteranos utilicen sus prestaciones en centros acreditados, la Ley de Ampliación de la Supervisión Educativa Isakson-Roe exigirá que todas las instituciones aprobadas por el VA informen en un plazo de 30 días de cualquier acción adversa tomada contra ellas a las Agencias Estatales de Aprobación (SAA) y al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de EEUU.